Nombre completo: Enrique Eduardo Rodríguez Veltzé.
Nacimiento: 2 de marzo de 1956, en Cochabamba, Bolivia.
Educación:
Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (titulado en 1981).
Obtuvo una Maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard (1988).
Carrera profesional e institucional
Se desempeñó como Subcontralor de Servicios Legales en la Contraloría General de la República y Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Trabajó como Coordinador Regional del ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) y fue consultor de proyectos legislativos en materia judicial e internacional.
Ejerció la docencia en diversas universidades, incluidas la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Andina Simón Bolívar y la UMSA.
Ascenso a la Corte Suprema y presidencia interina
En marzo de 1999 fue elegido ministro de la Corte Suprema de Justicia, cargo para el cual fue designado por el Congreso Nacional.
En marzo de 2004 asumió como Presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura.
El 9 de junio de 2005, tras la renuncia de Carlos Mesa y la negativa de los líderes legislativos a asumir la presidencia, fue elegido por el Congreso como presidente interino de Bolivia. Su mandato finalizó el 22 de enero de 2006, tras la asunción de Evo Morales, electo en los comicios de diciembre de 2005.
Presidencia interina: liderazgo de transición
Su gobierno, aunque breve, se caracterizó por estabilidad y diálogo, en un contexto de alta agitación política social. Se evitó la continuidad de bloqueos y protestas que habían llevado a la renuncia de Mesa.
Convocó elecciones generales adelantadas (diciembre de 2005) y facilitó el proceso hacia una Asamblea Constituyente y un referéndum autonómico, mediante acuerdos con sectores sociales y el Congreso.
Actividades posteriores y controversias
El 3 de abril de 2013 fue nombrado agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el marco de la demanda marítima contra Chile.
En 2019, renunció a dicho cargo tras el ascenso del gobierno de Jeanine Áñez.
Fue acusado de traición a la patria tras la destrucción de misiles chinos durante su mandato. La legislatura desechó las acusaciones por falta de pruebas, y más tarde fue formalmente absuelto.
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